Plan de seguridad de López Obrador opaca invalidación de Suprema Corte a Ley de Seguridad

La sociedad civil mexicana celebró que la Suprema Corte invalidara hoy la Ley de Seguridad Interior, una de las normas más polémicas del presidente Enrique Peña Nieto, aunque señaló que este logro queda opacado por el plan de seguridad del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

Nueve de los once ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de declarar inconstitucional la norma, promulgada a finales de diciembre del año pasado.

Sin embargo, el plan de seguridad de López Obrador, anunciado ayer, "viene a oscurecer el muy importante triunfo de la sociedad civil" que se ha dado hoy, dijo a Baja Press el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.

El aspecto más polémico de este nuevo plan es la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas, y de la que López Obrador ya había hablado en anteriores ocasiones.

Para las organizaciones civiles, esto es una continuación con lo referido en la Ley de Seguridad Interior, que trataba de establecer un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, en las que participan desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

No obstante, Aguirre señaló que el anuncio del presidente electo "se presentó como una posición que está dispuesta todavía a consideración de la sociedad", y por ello esperan que haya un "debate pausado, abierto y plural" que tenga en cuenta las consideraciones de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior.

Varios de los ministros de la Corte hicieron referencia a que el Congreso mexicano no tiene "competencia" para legislar sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad; asimismo, aludieron a varias fallas en el procedimiento normativo.

El único integrante del pleno de la SCJN que defendió la ley fue Jorge Pardo Rebolledo, ministro responsable del proyecto creado a partir de varias acciones de constitucionalidad interpuestas, y que abogaba por avalar la norma.

Pardo Rebolledo señaló que la ley "es muy necesaria en nuestro contexto y realidad social", y que da "un marco regulatorio a las Fuerzas Armadas para que sepan cuáles son los límites y lineamientos cuando intervengan" en las acciones de seguridad pública.

Al respecto, Aguirre indicó que México ya cuenta "con el andamiaje legal necesario" en materia de seguridad, y que más bien haría falta "un programa para el regreso paulatino de las Fuerzas Armadas (a los cuarteles) y un programa de fortalecimiento de las policías" civiles.

En este sentido, Amnistía Internacional (AI) señaló en un boletín que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad supone "una oportunidad" para que el Gobierno de López Obrador desarrolle "un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad".

Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, es "preocupante" que el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) haya presentado una propuesta que "repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido" y que ha permitido la comisión de "graves violaciones de derechos humanos" a manos de las Fuerzas Armadas.

La situación de violencia no hace más que agravarse en el país latinoamericano. El año pasado se registraron 25.339 homicidios dolosos, lo que supone la cifra más alta en dos décadas.

Además, durante los primeros nueve meses de 2018 los asesinatos aumentaron un 18 % respecto al mismo periodo de 2017, y los pronósticos indican que se podría alcanzar un nuevo récord de homicidios al finalizar el año.