Ordenan prisión para el exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, acusado de desaparición forzada

Un juez ordenó prisión preventiva en contra del exfiscal general Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de desaparición forzada de personas.

Durante una audiencia que duró más de 15 horas, la juez de control Alma Aleida Sosa determinó que la detención del exfuncionario fue legal y ordenó mantenerlo en la penitenciaría de Pacho Viejo (municipio de Coatepec) en lo que se lleva a cabo el juicio en su contra.

El Ministerio Público acusó al exfiscal de haber ocultado la aparición de 19 restos de personas en un hecho ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), actualmente preso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre las pruebas aportadas a la juez aparece una declaración del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, preso actualmente y señalado de diversos delitos, donde relata que Duarte ordenó al exfiscal ocultar los restos hallados en el municipio de Emiliano Zapata.

En la audiencia de imputación, el fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, informó que los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2016, cuando fue reportado el hallazgo de 19 restos humanos en esta área.

Ese mismo día -según el testimonio del exsecretario de Seguridad- el gobernador y el fiscal se reunieron y se ordenó revelar el hallazgo únicamente de seis de los 19 cuerpos para evitar un escándalo mediático.

Entre los cuerpos se hallaba el del policía David Lara Cruz, desaparecido el 12 de enero de 2016 después de que fuera privado de su libertad por otros policías cuando salía de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde acudió a presentar sus exámenes de control y confianza.

Bravo Contreras fue detenido el sábado pasado en Ciudad de México y trasladado a Veracruz para enfrentar acusaciones por desaparición forzada, un delito considerado como grave.

Desde el pasado 13 de mayo se había emitido una orden de aprehensión y una recompensa de cinco millones de pesos (243.443 dólares) contra el exfuncionario, quien asumió la fiscalía en 2015 y la dejó en diciembre del 2016, cuando llegó al poder el panista Miguel Ángel Yunes.

Este febrero, las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal en contra de 19 exfuncionarios, exjefes policíacos y agentes acusados de desaparición forzada.

Hay cuatro altos exservidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en la desaparición de quince personas.

Estos son Bermúdez Zurita; el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el excomandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes; y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza.

Además, a 15 policías y expolicías se les ratificó la prisión de oficio y se permitió a la Fiscalía General del Estado un plazo de cuatro meses para investigaciones complementarias.