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Se desconoce y se critica, pero el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es un avance histórico para México que año y medio después de su implementación definitiva debe superar su mayor obstáculo: la corrupción.
"El sistema acusatorio te permite tener un Estado de derecho, legalidad y transparencia. El enemigo y el culpable no es el nuevo sistema, es la corrupción y la falta de asunción de compromisos", dice en entrevista para Baja Press Diana Cristal González, presidenta y socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal (CETDEP).
En junio del 2016 se acabó de amp-adtaurar esta normativa -acompañada de una inversión solo a nivel federal de unos 20.000 millones de pesos (unos 1.070 millones de dólares)- que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, celebró como un logro decisivo para cambiar la cara de la justicia en el país.
El nuevo sistema se basa en juicios orales, garantiza la presunción de inocencia y frena el abuso de la prisión preventiva, en contraposición a un anterior modelo, el inquisitivo, mucho más punitivo y menos garante de derechos.
Para el ciudadano, las ventajas son muchas. González destaca una mayor transparencia en los casos, la descongestión del procedimiento penal y la aplicación de nuevos recursos como la junta restaurativa, el procedimiento abreviado o la acción penal por particular.
"El sistema te da la oportunidad de tener mejor defensa, representación y juez. Te da este empoderamiento", asegura esta abogada penalista que participó en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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