La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México aseveró hoy que respeta la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no vetar la polémica Ley de Seguridad Interior, pero reiteró su posición de que el ordenamiento vulnera libertades y derechos básicos de los mexicanos.
Al emitir su posicionamiento sobre la legislación promulgada por Peña Nieto el 21 de diciembre pese a las objeciones de numerosos colectivos y organismos de derechos humanos, la CNDH indicó que respeta la determinación del mandatario de no formular observaciones al texto aprobado por el Congreso.
"Pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento", abundó.
Recordó que desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones civiles e instancias nacionales e internacionales plantearon la pertinencia de efectuar un diálogo de esas características que atendiera la problemática del país en materia de seguridad y con pleno respeto a la Constitución y a los derechos humanos.
"Este llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal", expuso la Comisión, y añadió que la ausencia de tal diálogo impidió la construcción de consensos que habría evitado la polarización de posiciones.
Asimismo, reiteró su convicción de que la Ley de Seguridad "posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos".
"Que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, y que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática", añadió.
De acuerdo con el órgano autónomo, si bien el argumento oficial es que el propósito esencial de la ley es el dar un marco normativo a la intervención que desde hace más de una década llevan a cabo de forma extraordinaria las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y autoridades civiles, "su alcance trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas".
Destacó que la ambigüedad de su redacción hace que pueda promoverse la intervención de las Fuerzas Armadas, prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada de amenaza o riesgo a la seguridad interior.
"Por lo anterior, esta Comisión Nacional reitera que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos", expuso la CNDH.
Igualmente, expresó su confianza en que en las acciones y controversias que sobre este tema se planteen, la Suprema Corte ejercerá plenamente "su función como garante máximo de la constitucionalidad en México".
Este miércoles, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, expresó que el Ejército apoya la Ley de Seguridad Interior porque da un "marco jurídico" a sus labores, si bien respetará la decisión de la Suprema Corte sobre su constitucionalidad.
"Agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley, que es un marco jurídico que nosotros hemos solicitado", dijo Cienfuegos tras un acto público en la ciudad de Puebla.
Agregó que su institución estará "atenta a la determinación que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación" y aseguró que "como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida tanto por el Legislativo como por el Judicial".
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