Expertos de ONU celebran sentencia reconoce genocidio de comunidad maya ixil

Un grupo de expertos de derechos humanos celebró hoy la sentencia de una corte guatemalteca que reconoce que la comunidad maya ixil fue víctima de genocidio e instó al Estado a procesar a los responsables.

"La decisión de la corte confirma que el sufrimiento y la humillación sufrida por el pueblo ixil a manos del ejército guatemalteco constituyeron delitos de genocidio y lesa humanidad", dijeron los expertos en un comunicado.

"Celebramos este avance importante en la búsqueda de la verdad, la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno (1960-1996) que se estima se cobró más de 200.000 vidas", agregaron.

La sentencia del juicio por la muerte de 1.771 personas, en su mayoría miembros de la comunidad ixil entre 1982 y 1983, estableció que el ejército guatemalteco utilizó las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, señalaron los expertos.

Esta represión incluyó asesinatos, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado, causando la destrucción física parcial de la población ixil.

Los expertos dijeron que la sentencia "sienta un precedente histórico para la justicia transicional en Guatemala, la región y el mundo".

Indicaron que ahora el reto y la obligación del Estado sigue siendo identificar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces como paso importante para alcanzar justicia para las víctimas y sus familiares.

"La impunidad de los responsables es inaceptable. Es esencial que los procesos judiciales respeten los estándares internacionales en la determinación de las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", subrayaron.

También instaron al Gobierno a garantizar una reparación integral a las víctimas del pueblo ixil y a las otras víctimas del conflicto armado interno, y a continuar la búsqueda de las personas desaparecidas.

Los expertos también expresaron preocupación por los presuntos ataques e insultos recibidos por las víctimas, los querellantes y los miembros de la comunidad ixil que participaron en las audiencias judiciales, así como por las amenazas y ataques contra los jueces y los operadores de justicia involucrados en casos de justicia transicional.

"Instamos al Gobierno a tomar las medidas urgentes necesarias para garantizar la independencia judicial y la protección de jueces, fiscales, testigos, víctimas y querellantes que participan en estos importantes procesos judiciales", sostuvieron.

Firman el comunicado el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.

También suscriben el comunicado la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, y la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary.