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La mañana de viernes, un grupo de abogados litigantes de Cabo San Lucas se manifestaron a las afueras de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en una plaza comercial del corredor Médico Aguajitos.
El grupo de 11 abogados, liderados por Francisco Javier Vargas Castro, señaló que la manifestación obedecía a la falta de interés por parte del presidente local de la junta en resolver los litigios, muchos de los cuales llevan años, cuando estos deberían resolverse en un lapso no mayor a cuatro meses.
Acusaron al funcionario estatal de realizar prácticas como el extravío de expedientes, el realizar labores de asesoría a los patrones y dejar de lado la justicia para los trabajadores.
Algunos abogados inconformes señalaron que muchas veces la actuación de la junta local es arbitraria, debido a las órdenes del presidente de la misma, quien viola el debido proceso.
Ante esta problemática que tiene varios años, y que también era recurrente de los anteriores funcionarios, los abogados afirmaron que el problema radica en el sistema y la manera en que se ejerce la justicia en Baja California Sur, aunado a eso, la inexperiencia, el tráfico de influencias y la corrupción que permea al interior de la junta termina por afectar a los trabajadores.
Posteriormente, un grupo de trabajadores que tienen procesos legales en contra de sus patrones o ex patrones, acusaron que varios laudos han sido modificados por la orden del funcionario, situación que provocó que los asistentes pidieran la renuncia del servidor público de nombre Emanuel Reyes Nolasco.
Expresaron que el presidente de la junta se colude con los patrones y recibe dádivas de los mismos para impedir que la justicia sea administrada de manera correcta.
“Le hemos pedido al gobernador, vía Facebook, vía comentarios y vía comunicados que tome cartas en el asunto, […] queremos la renuncia del licenciado Nolasco, y de aquellas personas que coludidas con él, retrasan los asuntos”. Expresó Vargas Castro.
Finalmente, cuestionaron la capacidad de los servidores en su trabajo, ya que afirmaron la junta local funciona actualmente como un bufete jurídico al servicio de las empresas, y los funcionarios de dicha oficina, humillan a los trabajadores.
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